Helping The others Realize The Advantages Of orden de detencion europea y entrega - asistencia legal

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El principio de reconocimiento mutuo, basado en la confianza mutua entre los Estados miembros y consagrado en el Consejo Europeo de Tampere como la «piedra angular» de la cooperación judicial civil y penal en la Unión Europea, ha supuesto una auténtica revolución en las relaciones de cooperación entre los Estados miembros, al permitir que aquella resolución emitida por una autoridad judicial de un Estado miembro sea reconocida y ejecutada en otro Estado miembro, salvo cuando concurra alguno de los motivos que permita denegar su reconocimiento.

forty six. Pide a la Comisión que realice un estudio transversal de los instrumentos de reconocimiento mutuo con el fin de evitar divergencias y garantizar la coordinación y la correcta interacción entre ellos; insta, en unique, a que se estudie la aplicación práctica del instrumento en los diferentes países, al objeto de determinar las buenas prácticas que conducen a que las órdenes emitidas por ciertos Estados consigan un alto grado de ejecución, así como las dificultades específicas cuando el grado de no ejecución de las órdenes es especialmente elevado;

a) Si no ha habido consulta previa alguna y recibiera de la autoridad de ejecución un dictamen o parecer relativo a que el cumplimiento de la condena en el Estado de ejecución no contribuirá al objetivo de facilitar la reinserción social ni la reintegración con éxito del condenado en la sociedad.

c) Cuando, habiendo tenido la oportunidad de salir del territorio del Estado miembro al que haya sido entregada, la persona no lo haya hecho en un plazo de cuarenta y cinco días desde su puesta en libertad definitiva, o haya vuelto a dicho territorio después de haber salido del mismo.

seventeen. Pide a la Comisión que aclare la cuestión de los delitos accesorios o conexos con los delitos principales que superan el umbral de la orden de detención europea, por ejemplo estudiando la posibilidad de actualizar el Guide de la orden de detención europea o, posiblemente, a través de instrumentos de la Unión en el ámbito de la armonización del Derecho penal, incluida la indicación de la aplicación de las órdenes de detención europeas en los Estados miembros a este respecto; recuerda, en este contexto, que la orden de detención europea no regula la entrega por delitos accesorios o conexos y que el principio de especialidad podría impedir que el Estado miembro de ejecución persiga tales delitos;

g) La inhabilitación para ejercer determinadas profesiones o actividades ligadas con el delito presuntamente cometido.

one. En caso de que la persona reclamada haya sido extraditada a España desde un tercer Estado, y de que la misma estuviere protegida por disposiciones del acuerdo en virtud del cual hubiere sido extraditada relativas al principio de especialidad, la autoridad judicial española de ejecución solicitará la autorización del Estado que la haya extraditado para que pueda ser entregada al Estado de emisión.

22. Toma nota del preocupante informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 2013/48/UE; insta a la Comisión a que continúe evaluando el cumplimiento de la Directiva por parte de los Estados miembros y a que adopte las medidas oportunas, incluidos procedimientos de infracción, para garantizar la conformidad con sus disposiciones; insta a la Comisión a que redoble los esfuerzos por lograr la plena aplicación de todas las Directivas sobre garantías procesales, con el fin de asegurarse de que las personas buscadas puedan acceder a una defensa efectiva en los procedimientos transfronterizos; insta a la Comisión a que estudie la adopción de medidas ante las deficiencias en la aplicación de la Recomendación de la Comisión, de 27 de noviembre de 2013, relativa a las garantías procesales para las personas vulnerables sospechosas o acusadas en procesos penales(39), en individual en lo que respecta a los adultos vulnerables;

1. Las resoluciones cuyo régimen de reconocimiento y ejecución se regula por este Título son aquellas adoptadas en un proceso penal por la autoridad competente de un Estado miembro por las que se imponen a una persona fileísica una o más medidas de vigilancia en sustitución de la prisión provisional.

5. Señala que debe reforzarse y mejorarse la orden de have a peek at this web-site detención europea para aumentar su eficacia, su inmediatez y el respeto de las resoluciones de los jueces nacionales, respetando al mismo tiempo la proporcionalidad, ya que el objetivo de una Unión más fuerte requiere que los Estados miembros confíen en los sistemas judiciales y penitenciarios de los demás Estados miembros, siendo este mecanismo imprescindible para ello; recuerda que toda debilitación del reconocimiento mutuo en el ámbito penal aboca necesariamente al debilitamiento de este principio en otros ámbitos, lo que sería perjudicial a la hora de abordar eficazmente políticas comunes como el mercado inside;

36. Reitera la importancia de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales —en forma de una posible propuesta legislativa apoyada por un acuerdo interinstitucional— consistente en un examen anual independiente y basado en pruebas que evalúe el cumplimiento del artículo two del TUE por parte de todos los Estados miembros de la Unión, y en recomendaciones específicas para cada país, con el fin de reforzar la confianza mutua have a peek here entre los Estados miembros; señala que un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales sería un instrumento elementary que contribuiría a reforzar la confianza mutua entre Estados miembros en el contexto de la aplicación de la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea;

1. El Juez Central de lo Penal será competente navigate here para la adopción de las resoluciones ulteriores en relación con la libertad vigilada ante el incumplimiento de la medida de libertad vigilada o de la comisión de una nueva infracción penal del condenado, salvo que la adopción corresponda a la autoridad de emisión por tratarse de alguno de estos supuestos:

two. La toma de declaración de la persona reclamada se llevará a cabo por la autoridad judicial de emisión que se traslade a España, con la asistencia en su caso de la persona que designe de conformidad con el Derecho del Estado de emisión, debiendo designarse intérprete a fin de que se traduzcan al español los aspectos esenciales de la diligencia. Deberá practicarse en presencia de la autoridad judicial española, que velará porque la misma se practique según lo previsto por la ley española y en las condiciones pactadas entre ambas autoridades judiciales, que podrán incluir el respeto a los requisitos y formalidades exigidos por la legislación del Estado de emisión siempre y cuando no sean contrarios a los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico.

El imputado fue citado en persona e informado de la fecha y lugar previstos para el juicio o recibió dicha información oficial por medios que dan constancia de su conocimiento y, además, fue informado de que podría dictarse resolución en caso de incomparecencia.